En la séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Santa Rosa, el bloque de concejales de la UCR acompañó la obra de ampliación de la red de agua potable en el barrio Portal del Sur, votó en contra de tres dictámenes vinculados a aumentos y rendiciones municipales, e impulsó pedidos relacionados con la seguridad vial.
En primer lugar, el bloque acompañó la obra de ampliación de la red de agua potable en el sector delimitado por calles Madre María, Ramona Pereyra, Héctor de la Iglesia y San Francisco de Asís, en el barrio Portal del Sur.
Desde la UCR señalaron que se trata de una obra necesaria, pero remarcaron que también evidencia cuál debería ser la prioridad del Municipio: menos obras de embellecimiento y más servicios básicos en los barrios que aún esperan respuestas.
Por otra parte, los concejales votaron en contra de tres dictámenes. El primero de ellos fue el aumento del 38% en el boleto del transporte urbano de pasajeros. Desde el bloque sostuvieron que la medida representa un golpe al bolsillo de los usuarios y resulta contraproducente para el propio EMTU, ya que el servicio necesita sumar pasajeros y no castigar a quienes todavía lo utilizan.
También rechazaron los aumentos introducidos en la Tarifaria 2026, al considerar que incrementan la presión tributaria sin una justificación clara y sin mejoras visibles en los servicios. Además, reclamaron que el Departamento Ejecutivo brinde explicaciones sobre los aumentos extraordinarios aplicados al canon que se cobra por las obras de gas natural.
El tercer rechazo estuvo vinculado a los balances municipales correspondientes a diciembre de 2021, enero de 2022 y febrero de 2022. Desde el bloque advirtieron que la documentación llega con más de cuatro años de atraso y con observaciones relevantes sobre el manejo de fondos públicos, lo que desdibuja la función de control que debe ejercer el Concejo Deliberante.
En materia de seguridad vial, se aprobaron dos pedidos impulsados por la UCR. Uno de ellos solicita evaluar la factibilidad de establecer mano única de circulación en calles Gaich y Cavero. El otro requiere la instalación de un reductor de velocidad en calle Fiorucci, entre pasaje Soraire y Smith.
Finalmente, el Concejo declaró de interés municipal la obra teatral “La Fiesta del Hachero”, una producción pampeana que aborda temas vinculados a la identidad, la adolescencia, la violencia, el duelo y la búsqueda de justicia.
A continuación, se incorporan los fundamentos expresados por el bloque UCR durante el tratamiento de los principales temas abordados en la sesión.
Luján Mazzucco sobre obra de agua potable en barrio Portal del Sur:
En la sesión de hoy acompañamos la ampliación de la red distribuidora de agua potable, una obra necesaria para mejorar la calidad de vida de más familias santarroseñas.
Sin embargo, también dejamos en claro nuestro desacuerdo con los criterios que utiliza el Municipio para definir qué sectores acceden a estos beneficios y cuáles continúan esperando respuestas.
Volvimos a plantear el reclamo histórico de los barrios El Faro, Villa Amalia, Villa Martita y Las Artes, cuyos vecinos siguen padeciendo problemas vinculados al acceso al agua potable.
Además, señalamos la situación de numerosos vecinos que han realizado importantes aportes a través de consorcios y que, pese al esfuerzo económico realizado, aún no han visto concretadas las obras comprometidas.
Creemos que la planificación de estas inversiones debe contemplar las necesidades reales de los barrios, respetar los compromisos asumidos con los vecinos y establecer prioridades con criterios claros, transparentes y equitativos.
Nuestro bloque va a rechazar este proyecto de ordenanza que modifica la Tarifaria 2026.
Y lo hará, en primer lugar, por una razón de fondo que venimos sosteniendo desde el inicio de nuestro mandato: no compartimos el cambio estructural que impulsó el Departamento Ejecutivo en la forma de determinar y calcular las tasas municipales. Hemos manifestado reiteradamente que ese esquema se aleja de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y vinculación con la efectiva prestación de los servicios municipales. Por lo tanto, cualquier modificación que profundice ese modelo resulta imposible de acompañar.
Pero además de esa cuestión general y de fondo, este proyecto presenta aspectos particulares que nos generan una gran preocupación.
Uno de ellos es la modificación introducida en el Capítulo IV, Artículo 12, referido expresamente al Canon por Ocupación y Uso del Espacio Público. Si el propio título del capítulo delimita claramente cuál es el hecho imponible, toda modificación debería guardar estricta relación con ese objeto.
Sin embargo, nos encontramos con incrementos desmedidos de los módulos tributarios municipales sin que exista una justificación técnica seria y suficiente. Durante el tratamiento en comisión, el Secretario de Hacienda brindó explicaciones parciales y sumamente vagas, y ningún funcionario del área específica asistió para explicar concretamente cuáles son los costos, estudios o fundamentos que respaldan semejantes aumentos.
La única explicación que se nos brindó fue que otras municipalidades cobran valores más altos y que Santa Rosa se encuentra por debajo de esos parámetros.
Francamente, ese argumento resulta insuficiente. La política tributaria de una ciudad no puede definirse mirando cuánto recauda otro municipio. Lo que debe evaluarse es la calidad de los servicios que se prestan, los costos reales involucrados y la razonabilidad de la carga que se impone a los contribuyentes.
Pero la situación es aún más preocupante.
Este proyecto incorpora tres nuevos derechos de oficina vinculados a instalaciones de servicios públicos y privados. Y aquí surge una pregunta elemental: ¿Qué servicio presta el municipio para justificar el cobro de estos nuevos conceptos?
Estamos hablando de instalaciones de gas, electricidad, televisión y telecomunicaciones. Servicios que no son prestados por la Municipalidad de Santa Rosa.
Hasta aquí podía discutirse el cobro por la ocupación o utilización del espacio público. Pero ahora se pretende cobrar específicamente por la instalación de esos servicios. Es decir, por una actividad que realizan empresas prestatarias y que ya tiene sus propios costos y cargos asociados.
Por eso advertimos que estos nuevos conceptos pueden configurar una situación cercana a la doble imposición o, cuanto menos, una superposición de cargas que carece de justificación razonable.
Y esto se agrava todavía más por una situación que expusimos durante el tratamiento en comisión.
Hemos recibido la preocupación de empresas que realizan instalaciones de gas en nuestra ciudad, las cuales manifestaron que, al solicitar las liquidaciones correspondientes para poder ejecutar obras, se encontraron con incrementos extraordinarios y desproporcionados respecto de los valores que históricamente venían abonando.
Lo más grave es que esos incrementos no derivaban de una ordenanza aprobada por este Concejo Deliberante, sino de criterios aplicados en virtud de reglamentaciones o disposiciones internas de áreas dependientes del Ejecutivo Municipal.
Y aquí estamos frente a una cuestión institucional muy seria.
El principio de legalidad tributaria establece que ningún tributo puede ser creado, modificado o incrementado sin una norma dictada por el órgano competente. En el ámbito municipal, esa competencia corresponde exclusivamente a este Concejo Deliberante.
Ninguna secretaría, dirección o dependencia administrativa puede, por vía reglamentaria, alterar montos, modificar bases de cálculo o generar nuevas cargas económicas para los contribuyentes.
Hacerlo implica afectar la seguridad jurídica, vulnerar el principio de reserva legal en materia tributaria y avanzar sobre facultades que son exclusivas de este cuerpo.
Y para dimensionar la magnitud de lo que estamos planteando, basta señalar que el valor que actualmente se estaría cobrando bajo el concepto de ocupación y uso del espacio público —valor que no surge ni de los MTM vigentes ni de los que regirían con esta modificación— equivale prácticamente al costo total de los materiales y de la mano de obra necesarios para ejecutar una instalación.
Una situación que carece de toda razonabilidad y proporción respecto del supuesto servicio o contraprestación que justificaría el cobro.
Resulta difícil explicarles a los vecinos y a quienes invierten, producen y generan trabajo en nuestra ciudad que el municipio pretenda cobrar por autorizar una instalación un monto equivalente a lo que cuesta realizarla. Eso no parece un canon vinculado a una utilización especial del espacio público; parece simplemente una barrera más para quien quiere trabajar.
Por eso nos preocupa que hoy se pretenda regularizar mediante una modificación tarifaria situaciones que ya venían siendo aplicadas en los hechos sin el debido respaldo normativo.
Otra reforma significativa está prevista en el Capítulo XIV, artículo 23, referido a Derechos de Construcción y Mensura, donde se incrementan prácticamente al doble los derechos aplicables a viviendas multifamiliares y comercios. Sin embargo, llamativamente, quedan excluidos de ese incremento los comercios de más de 500 metros cuadrados.
Se trata de otro aumento cuyos fundamentos tampoco fueron explicados durante el tratamiento del proyecto.
Y esto nos preocupa por una doble razón.
Por un lado, porque demuestra una absoluta desconexión del Departamento Ejecutivo respecto del contexto económico que atraviesan las familias y los pequeños comerciantes de nuestra ciudad.
Y por otro lado, porque termina concentrando la mayor carga tributaria precisamente sobre quienes más dificultades tienen para sostener su actividad, mientras se excluye de ese incremento a los establecimientos de mayor dimensión económica.
En definitiva, estamos frente a un proyecto que se presenta apenas cinco meses después de aprobada la Tarifaria 2026 y cuya finalidad principal es, lisa y llanamente, incrementar la carga tributaria. Incorpora nuevos conceptos de cobro, genera serias dudas respecto de su razonabilidad y carece de fundamentos técnicos suficientes que justifiquen el esfuerzo adicional que se les exige a vecinos, comerciantes y empresas.
Incluso, en esta misma sesión ha ingresado otro proyecto que se inscribe en la misma lógica: seguir incrementando la presión tributaria sobre los santarroseños sin una correlativa mejora en la prestación de los servicios municipales.
Y todo esto ocurre en una ciudad donde los contribuyentes siguen reclamando mejores servicios, mayor mantenimiento de los espacios públicos, mejores calles, mayor limpieza y respuestas concretas a problemas cotidianos que continúan sin resolverse.
Ojalá estos incrementos estuvieran destinados a atender esas demandas y a mejorar efectivamente la calidad de los servicios municipales. Sin embargo, muchas veces observamos cómo los recursos terminan orientándose a obras de embellecimiento que, sin dejar de ser valiosas, difícilmente puedan considerarse prioritarias frente a las necesidades básicas que hoy tiene nuestra ciudad.
Por estas razones, y porque entendemos que una vez más se pretende recurrir al bolsillo de los santarroseños sin brindar una mejora equivalente en las prestaciones municipales, nuestro bloque va a votar negativamente este proyecto.
Muchas gracias.
Diego Camargo sobre rechazo al aumento del boleto de colectivo:
Nuestro voto al aumento del boleto de colectivo es por la negativa.
Concretamente, creemos que este aumento es contraproducente. No sólo para el bolsillo de los vecinos, sino también para el progreso del EMTU.
Esto mismo advertimos cuando se trató el aumento anterior. En aquel momento señalamos que el problema central del EMTU no era solamente el costo del servicio, sino la pérdida de pasajeros. Y lamentablemente, esa preocupación sigue vigente.
Todos sabemos que, desde su origen, el EMTU fue una empresa deficitaria desde el punto de vista económico. Los antecedentes en la ciudad y las históricas discusiones en torno a los subsidios muestran claramente que estamos hablando de un rubro complejo. Por eso, y por tratarse de un servicio público del que dependen muchos vecinos, siempre se ha tolerado que no sea autosuficiente y que deba financiarse también con otros recursos.
Justamente por eso, la discusión no puede reducirse a cuánto cuesta el boleto o cuánto falta para cubrir los costos. La verdadera pregunta es qué hacemos para que más personas usen el colectivo, para que funcione mejor, para que sea una opción útil, atractiva y conveniente para moverse por la ciudad.
Y en ese camino, aumentar el boleto no ayuda. Al contrario: puede profundizar el problema. De hecho, eso es lo que viene ocurriendo en los últimos años.
No desconocemos el aumento de los costos. Tampoco desconocemos que la caída de la actividad económica puede impactar en la cantidad de pasajeros. Pero precisamente por eso creemos que este no es el momento de seguir cargando el costo sobre el usuario.
El EMTU viene perdiendo pasajeros por distintas razones. Y si el servicio pierde pasajeros, la empresa no mejora: se debilita. Por eso insistimos: en estas circunstancias, con este aumento, en vez de fomentarse el uso del colectivo, se lo está desalentando.
Con este aumento, el EMTU no va a dejar de ser deficitario. En el mejor de los casos será apenas un poco menos deficitario. Pero el usuario va a pagar más. Y, además, puede profundizarse la pérdida de pasajeros que atraviesa en los últimos años.
Sabemos que es difícil por muchas circunstancias, pero el Municipio debe implementar políticas para recuperar pasajeros, mejorar el servicio y así generar un círculo virtuoso.
Miremos lo que ocurre con otros servicios de transporte. Los taxistas también tienen mayores costos. Sin embargo, incluso antes de la proliferación de Uber, han decidido no aplicar algunos aumentos para no desalentar el uso del servicio y no perder pasajeros. Entonces, me pregunto: ¿por qué el razonamiento debería ser distinto para el EMTU?
Si sabemos que el colectivo no es de uso masivo en Santa Rosa, y si sabemos que viene perdiendo pasajeros, lo razonable sería cuidar ese vínculo con el usuario, no encarecerlo.
Por eso no acompañamos este aumento. Porque creemos que va en sentido contrario al objetivo de sumar pasajeros y fortalecer el transporte público en la ciudad.
Nada más. Gracias.
Diego Camargo sobre rechazo a balances mensuales de diciembre de 2021, enero de 2022 y febrero de 2022:
Desde la UCR vamos a votar por el rechazo de los balances mensuales correspondientes a diciembre de 2021, enero de 2022 y febrero de 2022.
La situación, por sí sola, ya es grave: estamos considerando balances de hace cuatro años y medio. Ese atraso desnaturaliza la función de control que tiene el Concejo. También dificulta a quien debe rendir cuentas, porque no es fácil reconstruir operaciones realizadas hace tantos años. A nuestro criterio, eso ya constituye un motivo suficiente para no acompañarlos.
Hoy voy a expresar algunas consideraciones sobre el balance de diciembre de 2021, porque allí aparece uno de los puntos neurálgicos del atraso en las rendiciones de cuentas de la gestión di Nápoli. Respecto de 2022, lo difiero para cuando podamos darle tratamiento a los balances de todo ese año, que entiendo será en breve. Allí podremos tener una mirada integral del ejercicio completo, contrastarlo con la Cuenta de Inversión y analizar patrones en ciertos desmanejos y observaciones no subsanadas.
Diciembre de 2021 cierra con observaciones importantes sin subsanar. Esa rendición fue especialmente conflictiva y desprolija. Al punto tal que terminó trabando la secuencia mensual durante años.
Y no fue toda la rendición la que generó el problema. Fue, particularmente, una rendición diaria: la del último día hábil del año 2021. Ese día el Municipio pagó los colectivos usados adquiridos para el EMTU. Y allí apareció una situación muy seria: una parte del dinero utilizado para realizar ese pago no tiene un origen debidamente acreditado. Es decir, no se pudo demostrar de dónde provino ese ingreso.
No estamos hablando, por suerte, de un faltante. Pero eso no vuelve menor el problema. El Estado no puede disponer de fondos públicos sin poder acreditar con claridad de dónde salieron. La trazabilidad del dinero público no es una formalidad: es una garantía mínima de transparencia y de responsabilidad en la administración. A valores de aquel momento, se trataba de unos 5 millones de pesos. Si lo actualizamos tomando como referencia la evolución del dólar oficial, estaríamos hablando de unos 68 millones de pesos actuales.
Además, en esa rendición se detectó algo que, con el correr de los balances, vamos a ver como una práctica habitual: un desmanejo absoluto entre los pagos que se hacen por la cuenta de rentas generales y los recursos de afectación específica.
Para ser claro: la Provincia había comprometido fondos para la compra de colectivos. Eran recursos a incorporar con afectación específica. Se iban a recibir 66 millones de pesos, que hoy serían aproximadamente 915 millones. Pero los fondos no llegaron.
Entonces, los colectivos se pagaron con fondos de rentas generales, aunque contablemente se reflejó como si hubieran sido pagados con recursos de afectación específica. Es decir, quedó mal registrado. Y en la respuesta a la observación, el Ejecutivo manifestó que ya no lo podía subsanar porque la Cuenta de Inversión estaba cerrada, lo cual es evidente.
Los invito a revisar el acta de la reunión 1502 de este CD, del 30 de noviembre de 2022, y ver lo que decía mi bloque, en la anterior composición, al darle tratamiento a la Cuenta de Inversión 2021. El concejal Pera Ibarguren advertía que no se podía aprobar la Cuenta de Inversión porque faltaban las rendiciones de los últimos días del año. Lo mismo planteó el concejal Estavilla. También hay declaraciones de la concejala Guaiquián, quien aquel día dijo que “la oposición aduce un estricto reglamentarismo”, minimizando la cuestión.
Puede ser que nosotros miremos bastante las cuestiones formales. Pero, señora presidenta, 4 años les llevó que podamos considerar este balance. Traspasaron todos los límites de la razonabilidad. Algún mea culpa tienen que hacer. El Concejo no puede legitimar cualquier cosa. El Ejecutivo se tiene que hacer cargo de haber generado esta situación.
En fin. Esto es apenas una muestra de un problema más amplio. La gestión decidió cambiar el sistema informático. Decían que el sistema nuevo era una maravilla, pero resulta que no servía para rendir cuentas. Encima, omitieron mantener en paralelo el sistema anterior. Estuvieron meses sin presentar un solo papel. ¿Y cómo terminó la historia? Volvieron al sistema viejo.
Y todo ese proceso derivó en el cuello de botella que hoy seguimos padeciendo. Ese cuello de botella es insostenible. Y no es un problema de la normativa. Es un problema generado por los funcionarios a cargo de las rendiciones en su momento. Durante años se desdibujó una de las funciones esenciales del Concejo: controlar la administración de los fondos públicos.
Bueno, en definitiva. Quienes votemos en contra resguardaremos nuestra responsabilidad patrimonial. Y quienes aprueben los balances se tendrán que hacer cargo.
La aprobación es meramente política. No enmienda las graves falencias renditivas. Y con el devenir de los balances veremos irregularidades importantes.
Gracias.
Antecedente:
https://concejalesfrepam.blogspot.com/2022/12/votamos-en-contra-de-la-cuenta-de.html
PRENSA:
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